El Tribunal Supremo declara nulo el límite de 75 años para integrar el turno oficio en Madrid por ser discriminatorio por razón de edad

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha declarado nulo el límite de 75 años establecido por el Colegio de Abogados de Madrid para integrarse en el turno de oficio al considerar que constituye una discriminación por razón de edad. La sentencia estima un recurso de la Asociación “Abogados y Juristas pro Estado de Derecho” y de un particular contra el artículo1.4.d) de las Normas Reguladoras del Turno de oficio, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Abogados de Abogados de Madrid de 10 de octubre de 2016, en línea con las aprobadas el 24 de octubre de 2013.

Entre otros argumentos, el Supremo destaca que “establecer un límite máximo de edad en el turno de oficio, aunque ésta sea elevada –salvo para los recursos de casación y amparo-, por la disminución de condiciones físicas que van aparejadas a la edad, cuando no ha quedado justificado que inhabiliten o dificulten una satisfactoria prestación de la actividad a desarrollar por el abogado de turno de oficio, cuando la adscripción es voluntaria, así como la elección del área y del turno, (…) se compadece mal –aunque se trate de la prestación de un servicio público financiado con fondos públicos- con la inexistencia de límite de clase alguna para el ejercicio de la abogacía”.

“No hay un solo dato -añade el Supremo- que evidencie la defectuosa asistencia de los Abogados de más edad, ni las quejas que hayan podido recibirse en sede colegial por parte de los justiciables, extremos importantes que eliminarían toda sospecha de discriminación por razón de edad. Pero, además la actuación del Letrado, tanto en el ejercicio privado de la profesión como en el turno de oficio, lo que exige, básicamente, son facultades intelectuales, y, en mucho menor medida, físicas, no siendo éstas, desde luego determinantes, sin que, actualmente, pueda predicarse de la generalidad de los mayores de 75 años, ese menoscabo físico o intelectual que haga necesaria y razonable la medida. Si así fuera, debería establecerse el mismo límite para el ejercicio privado de la abogacía”.

El alto tribunal, en sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Inés Huerta, entiende que el Colegio de Madrid no ha justificado las razones que le llevan a establecer ese límite máximo de edad, “ni la verdadera finalidad que se persigue, que podrá ser legítima, pero que no ha sido evidenciada, lo que nos lleva a considerar discriminatorio ese límite máximo de edad que se establece, con carácter general, para el turno de oficio cuando tal límite de edad no existe para el ejercicio privado de la profesión”.

La sentencia establece que los Colegios de Abogados sí son competentes para la regulación y organización del turno de oficio, y, por tanto, para el establecimiento de requisitos, entre ellos la fijación de límites máximos de edad, pero siempre que el objetivo perseguido sea legítimo y el límite proporcionado, lo que creen que no concurre en este caso.

El artículo 1.4.d. anulado establecía textualmente que no podían pertenecer al turno de oficio “los abogados mayores de 75 años, con excepción de los turnos especiales de casación y amparo. Cumplida esa edad se cursará su baja de forma automática, viniendo obligados a finalizar los asuntos designados hasta la fecha, siempre que mantengan su condición de letrados ejercientes”

La “justificación” de ese límite máximo se contenía en la exposición de Motivos de las Normas reguladoras del turno de oficio de 2013, que es cuando se estableció por vez primera y decía así: “Agradecemos públicamente la encomiable labor de los colegiados más veteranos que desearían seguir ejerciendo su labor en los diferentes turnos por encima de ese límite de edad, pero consideramos razonable establecer esa limitación temporal. Para ellos mantenemos la posibilidad de seguir dedicándose a los recursos de casación y amparo que no necesitan las condiciones que sí requieren, sin embargo, la asistencia a vistas y el desarrollo de las guardias».

Fuente de la noticia: Poder Judicial

Las diferencias de género relacionadas con el trabajo persisten

Informe OIT: Las diferencias de género relacionadas con el trabajo persisten, pero las soluciones son evidentes

NOTICIAS JURÍDICAS | 08/03/2019 00:20:00 | Organización Internacional del Trabajo | IGUALDAD EN EL ÁMBITO LABORAL

Un futuro del trabajo  en el cual las mujeres ya no estén rezagadas con respecto a los hombres puede ser una realidad, pero es necesario dar un gran salto, no solo tímidos pasos graduales, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que será publicado en el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.

“Tenemos que hacerlo realidad, y el informe Un paso decisivo hacia la igualdad de género: Para un mejor futuro del trabajo para todos, nos indica el camino a seguir”, afirmó Manuela Tomei, Directora del Departamento Condiciones de Trabajo e Igualdad de la OIT.

El informe es fruto de cinco años de trabajo en el marco de la Iniciativa del centenario relacionado con las mujeres en el trabajo.

El informe muestra que en los últimos cinco años, la diferencia entre las tasas de empleo de los hombres y las mujeres ha disminuido menos de dos puntos porcentuales. En 2018, las mujeres tenían 26 puntos porcentuales menos de probabilidad de trabajar que los hombres. Esto contrasta con las conclusiones de un informe mundial Gallup-OIT de 2017  sobre las preferencias de las mujeres y de los hombres en la participación de las mujeres en el empleo asalariado, el cual constató que 70 por ciento de las mujeres prefieren tener un empleo en vez que quedarse en la casa y que los hombres están de acuerdo con ellas.

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NOTICIAS JURÍDICAS |08/03/2019 00:20:00 | Organización Internacional del Trabajo | IGUALDAD EN EL ÁMBITO LABORAL

La Fiscalía General del Estado fija pautas

La Fiscalía General del Estado fija las pautas de interpretación de las diligencias de investigación tecnológica contenidas en la LECrim.

NOTICAS JURÍDICAS | 09/03/2019 00:10:16 | Redacción | PRUEBA

El 6 de diciembre de 2015 entró en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal llevada a cabo por la LO 13/2015, de 5 de octubre, para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

Se ponía fin así a un largo período de vacío normativo en lo que concierne a las garantías exigibles ante la, sin duda estimable y necesaria, utilización de los avances tecnológicos en la persecución de los delitos.

La reforma optó por su encuadramiento sistemático dentro del Título VIII, del Libro II LECrim. (De las medidas de investigación limitativas de los derechos reconocidos en el art. 18 de la Constitución). Dentro de éste, los Capítulos IV a X detallan las denominadas medidas de investigación tecnológica. Dos de estos capítulos, el IV y el X, resultan de aplicación general a los demás, estando consagrado el Capítulo IV a las disposiciones comunes aplicables a todas ellas y el Capítulo X a la adopción de medidas de aseguramiento.

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NOTICIAS JURÍDICAS | 09/03/2019 00:10:16 | Redacción | PRUEBA

IMPUGNAR LA LIQUIDACIÓN POR EL IBI

Excepcionalmente es posible impugnar la liquidación por el IBI cuestionando el valor catastral determinado por acto firme en vía de gestión catastral

NOTICIAS JURÍCAS | 10/03/2019 20:44:33 | Redacción | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

El contribuyente acudió al Catastro por entender que el inmueble era de naturaleza rústica y no urbana, y no logró obtener un pronunciamiento del Catastro en el sentido interesado. Recaen diversos pronunciamientos judiciales que el inmueble no puede calificarse a efectos catastrales como urbano, lo que abre la vía a que al impugnarse la liquidación del IBI, pueda discutirse el valor catastral.

Esta situación autoriza excepcionar la regla general sobre la mecánica del IBI en el que la base imponible está vinculada al valor catastral. Este valor constituye el resultado de la gestión catastral y el punto de partida para la gestión tributaria, pues solo a partir de la resolución que adopte el Catastro, el Ayuntamiento liquida el IBI.

Ahora el Supremo, en sentencia 196/2019, 19 de febrero (Rec. 128/2016), matiza la regle general de que en la impugnación de una liquidación no cabe discutir el valor catastral que adquirió firmeza, y admite con carácter excepcional alterar esta regla.

NOTICIAS JURÍDICAS | 10/03/2019 20:44:33 | Redacción | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

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