El Ministerio de Justicia anuncia nueva estructura

Publicada por: NOTICIAS JURÍDICA 28/01/2020 15:14:22 | JUSTICIA | NUEVOS CARGOS

Ministerio de Justicia. – El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales que introduce cambios en la organización del Ministerio de Justicia. Entre ellos, el que afecta a la Dirección General de los Registros, que pasa a depender de la Secretaría de Estado de Justicia – antes dependía de la Subsecretaría , bajo la denominación de Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

De acuerdo con este Real Decreto, el Ministerio de Justicia se estructura en tres órganos: la Secretaría de Estado de Justicia; la Subsecretaría de Justicia, de la que depende la Secretaría General Técnica, y la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, con rango de subsecretaría.

De la Secretaría de Estado dependen los siguientes órganos directivos: la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de la Justicia, con rango de subsecretaría, y la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos. Por su parte, de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público dependen la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Pues bien, quedan suprimidas la Secretaría General de la Administración de Justicia, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, la Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, la Dirección General de los Registros y del Notariado, la Dirección General para la Memoria Histórica y la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos.

Se publica en el BOE el Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo

Marginal: BOE-A-2019-3481
Emisor: Jefatura de Estado

Sección: I – Disposiciones Generales
Rango de Ley: Real Decreto Ley

Se publica en el BOE el RDL 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo

El principal objetivo de este Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo es potenciar las políticas sociales a través de unas cuentas públicas más justas e igualitarias para llevar la recuperación económica a toda la sociedad.

El pasado 13 de febrero, El Congreso de los Diputados aprobó las enmiendas a la totalidad presentadas sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2019.

En dicho proyecto de Ley disponía como uno de sus principales objetivos asegurar más políticas sociales a través de las cuentas públicas, más igualitarias, para llevar a cabo la recuperación económica a todo el Estado, especialmente a los sectores más vulnerables. Para ello, incorporaba, entre otras medidas, las dirigidas a restableces algunos derechos sociales que fueron suprimidos en 2012 con las medidas de reducción del gasto público.

El  Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo, tiene por objeto, la aprobación de las medidas anteriormente descritas de protección social. Además introduce disposiciones de fomento de empleo que deben implantarse de forma urgente para asegurar y garantizar el mantenimiento del empleo en colectivos especialmente sensibles a la inestabilidad laboral y al desempleo:

  • Parados de larga duración
  • Trabajadores del sector del campo
  • Trabajadores fijos discontinuos en actividades turísticas
  • Etc.

Se incluyen también determinadas medidas dirigidas a establecer el registro de la jornada laboral, a los efectos de garantizar el cumplimiento de los límites en materia de jornada, creando un marco de seguridad jurídica tanto para los trabajadores como para las empresas, y dar posibilidad al control por parte de las Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social.

Mediante el  Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competividad, se modificó la regulación del subsidio para mayores de 52 años contenida en el entonces vigente texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio[1].

[1] Norma derogada por Pleno. Sentencia 123/2016, de 23 de junio de 2016. Cuestión de inconstitucionalidad 703-2015. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el apartado primero de la disposición adicional sexagésima sexta del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, incorporada por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2014. Principio de seguridad jurídica y derechos a la tutela judicial efectiva y a la legalidad sancionadora (non bis in idem); límites materiales de las leyes de presupuestos: nulidad del precepto legal que establece el régimen de protección por desempleo de los liberados de prisión. Versión vigente hasta 29 Julio 2016

El  Real Decreto Ley 8/2019, contempla la modificación de la regulación del subsidio por desempleo para mayores de 55 años en seis aspectos:

  1. Reducción de la edad de acceso de 55 años a 52 años en el momento del subsidio, permitiendo el acceso llegados a esa edad, y recogiendo en la regulación la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta cuestión.
  2. Eliminación del requisito de tener que tener cumplida la edad de 52 años en el momento de solicitar el subsidio.
  3. Incremento de su duración máxima: Antes se percibía hasta que la persona beneficiaria pudiera acceder a cualquiera de las modalidades de pensión contributiva de jubilación, ahora se percibirá hasta el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.
  4. Eliminación de la consideración de las rentas de la unidad familiar para el acceso subsidiario.
  5. Incremento de la cuantía de la cotización por la contingencia de jubilación durante la percepción del subsidio del 100 al 125% del tope mínimo de cotización vigente en cada momento.
  6. La eliminación de los porcentajes aplicables a la cuantía del subsidio cuando proviene de un trabajo desarrollado a tiempo parcial.

Como señala el artículo 86.1 de nuestra Constitución, los reales decretos-leyes “no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general”.

Para apuntar a todo lo referenciado en este Decreto-Ley, sobre todo en lo que se dispone de los presupuestos habilitantes de extraordinaria y urgente necesidad, se debe de tener en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional, resumida en el Fundamento Jurídico IV de la Sentencia 61/2018, de 7 junio de 2018. En acuerdo con ella, se requieren:

  1. “la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación”
  2. “la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella”

Como bien señala el Tribunal Constitucional, generalmente “se ha venido admitiendo el uso del decreto-ley en situaciones que se han calificado como coyunturas económicas problemáticas”,  lo que representa una herramienta constitucional completamente lícita y adecuada para justificar la legislación de urgencia, “situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes”[2]

EL GOBIERNO APRUEBA OTRO REAL DECRETO

El Gobierno aprueba un Real Decreto Ley en materia de protección social e incentivos al empleo

NOTICIAS JURÍCIAS | 09/03/2019 11:47:08 | Consejo de Ministros | EMPLEO

El objetivo del Real Decreto-ley es dar la cobertura necesaria a personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad como es el caso de los parados de larga duración, pensionistas, jóvenes, inmigrantes y determinados colectivos de trabajadores.

Entre las novedades, destaca la recuperación de la edad de 52 años para el subsidio por desempleo, el incremento de la cuantía de las prestaciones familiares y de la pensión mínima de Incapacidad Permanente Total para quienes tienen menos de 60 años.

En materia de incentivos al empleo, se establecen bonificaciones a la contratación de las personas en desempleo de larga duración; la reducción de las cotizaciones de los trabajadores asalariados del Sistema Especial Agrario y un plan de conversión a contratos indefinidos o fijos discontinuos de este colectivo. Además, se impulsan medidas para la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores fijos discontinuos en sectores con un alto grado de temporalidad por estar vinculados a la actividad turística.

+ INFORMACIÓN

NOTICIAS JURÍDICAS 09/03/2019 11:47:08 | Consejo de Ministros | EMPLEO

Real Decreto Ley 7/2019, de 1 de marzo

Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler

Marginal: BOE-A-2019-3108
Emisor: Jefatura de Estado

Sección: I - Disposiciones Generales
Rango de Ley: Real Decreto-ley

El BOE ha publicado hoy el REAL DECRETO-LEY 7/2019, 1 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ALQUILER

El Real Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, día 1 de marzo de 2019, y publicado, con fecha de hoy, en el Boletín Oficial del Estado, produce un  gran cambio en las reglas de arrendamiento de vivienda, vigentes hasta la actualidad.

El presente Real Decreto Ley se divide en cuatro títulos, y se compone de tan sólo cinco artículos, tres disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y tres disposiciones finales.

Vamos a intentar analizar todos los títulos y disposiciones que componen este nuevo Decreto Ley que cambia las reglas en materia de vivienda.

TÍTULO I

Para comenzar, en su Título I, introduce la reforma para la regulación de los Contratos de Arrendamiento de Vivienda, modificando, para ello, la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamiento Urbanos, entre las que podemos destacar la extensión de los plazos de prórroga obligatoria y la prórroga tácita de los contratos de arrendamiento de vivienda.

Podemos decir, que a partir de ahora, se recuperan los plazos establecidos con anterioridad a la reforma liberalizadora operada por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de Medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.

SE ESTABLE EN CINCO AÑOS EL PERIODO DE PRORROGA OBLIGATORIA, con la excepción de que el arrendador sea persona jurídica, supuesto por el cual se establece un plazo de siete años. Con esta medida se consigue dar respuesta a las diferencias que se pueden ocasionar desde el punto vista del tratamiento fiscal y de las características de la relación arrendataria y del desarrollo de la actividad, que pueden surgir en la práctica.

En relación a la prórroga tácita, se establece que alcanzada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, y una vez llegado a término el periodo de prórroga obligatoria, si no existe voluntad por ninguna de las partes, en la renovación realizada con cuatro meses de antelación a la finalización de los cinco o siete años en el caso del arrendador, y con dos meses de antelación en el caso del inquilino, se prorrogará anualmente el contrato por tres años más.

También se llevan a cabo modificaciones en la suscripción de los contratos de arrendamiento. Por un lado se establece en dos mensualidades de renta la cantidad máxima de las garantías adicionales a la fianza que pueden exigirse al arrendatario, salvo que se trate de contratos de larga duración. Por otro lado, se fija por Ley que los GASTOS DE GESTIÓN INMOBILIARIA Y DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO, irán a cargo del arrendador, cuando este sea persona jurídica.

Además de lo anterior, en el Título I también se recoge una precisión importante en la exclusión del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en la estipulación de la cesión temporal del uso turístico, eliminando, a partir de ahora, de que deban ser necesariamente comercializadas a través de canales de oferta turística, y remitiendo específicamente, a lo establecido en la normativa sectorial turística que resulte de aplicación.

TÍTULO II

En su Título II se fijan modificaciones en el Régimen de Propiedad Horizontal, con la finalidad de impulsar obras de mejora de accesibilidad. Es por ello por lo que se estipula el incremento de hasta un 10%, del último presupuesto ordinario, la cuantía del fondo de reserva de las comunidades de propietarios, y se establece la posibilidad de que dichos recursos se destinen a la realización de las obras obligatorias de accesibilidad previstas en el Artículo 10.1.b) de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre la propiedad horizontal.

Además de lo anterior, se amplía la obligación de realizar dichas obras de accesibilidad en aquellos casos en los que las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso, puedan alcanzar el 75% del importe de las mismas.

Con respecto a las viviendas de uso turístico, se realiza una reforma en el régimen de propiedad horizontal, por la que se da acceso a la mayoría, cualificada, necesaria para que las comunidades de propietarios puedan decidir el ejercicio de la actividad de esa vivienda turística, por la que se puedan establecer cuotas especiales, o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda, siempre dentro del marco de la normativa sectorial que regule el ejercicio de esta actividad, y del régimen de usos establecidos por los instrumentos de ordenación urbanística y territorial.

TÍTULO III

Este nuevo Decreto Ley, en su Título III plantea medidas de reforma en los procedimientos de desahucio de vivienda. En primer lugar, se especifica que dicho "requerimiento expresará el día y la hora que se hubieran señalado para que tengan lugar la eventual vista en caso de oposición del demandando, para la que servirá de citación, y el día y la hora exactos para la práctica del lanzamiento en caso de que no hubiera oposición".

En segundo lugar introduce el trámite de comunicación a los Servicios Sociales y, cuando afecte a hogares vulnerables, y se establezca que existe una situación de vulnerabilidad, se producirá la suspensión del procedimiento hasta que se hayan adoptado las medidas pertinentes por los Servicios Sociales por un plazo de un mes, o de tres meses cuando el demandante sea persona jurídica.

TÍTULO IV

En el Título IV se recogen las medidas económicas y fiscales en materia de vivienda y alquiler, incluyendo la modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, introduciendo tres medidas en el Impuesto de Bienes Inmuebles.

¿Esto qué quiere decir?

En primer lugar, se excluye de la obligación de repercutir el Impuesto de Bienes Inmuebles cuando el arrendador sea un ente público en los supuestos de alquiler de inmueble de uso residencial con renta limitada por una norma jurídica.

“Las Administraciones Públicas y los entes u organismos a que se refiere el apartado anterior repercutirán la parte de la cuota líquida del impuesto que corresponda en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales, los cuales estarán obligados a soportar la repercusión. A tal efecto la cuota repercutible se determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie utilizada y a la construcción directamente vinculada a cada arrendatario o cesionario del derecho de uso. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en el supuesto de alquiler de inmueble de uso residencial con renta limitada por una norma jurídica.”

Se modifica la regulación del recargo previsto para los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente, mediante su remisión a la correspondiente normativa sectorial de vivienda, autonómica o estatal, con rango de Ley, al objeto de que pueda ser aplicado por los Ayuntamientos mediante la aprobación de la ordenanza fiscal correspondiente.

[…] los ayuntamientos podrán establecer, para los bienes inmuebles urbanos, excluidos los de uso residencial, tipos diferenciados atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones. Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal.

Dichos tipos solo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por ciento de los bienes inmuebles urbanos del término municipal que, para cada uso, tenga mayor valor catastral, a cuyo efecto la ordenanza fiscal del impuesto señalará el correspondiente umbral de valor para todos o cada uno de los usos, a partir del cual serán de aplicación los tipos incrementados. […] "

Además de todo ello, se crea una bonificación potestativa de hasta el 95% para los inmuebles destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma jurídica, a la que podrán acogerse las viviendas en alquiler sujetas a regímenes de protección pública o sociales, en las que la renta limitada por una norma jurídica.

Otra de las modificaciones que se introducen en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales es la ampliación del ámbito de las inversiones financieramente sostenibles para acoger la posibilidad de realizar actuaciones en materia de vivienda por parte de las Entidades Locales.

Por último, y cabe destacar, que para poder potenciar el mercado de los arrendamientos urbanos, se introduce una exención para determinados arrendamientos en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. De esta manera se puede mejorar la fiscalidad del arrendamiento de viviendas, con el fin de facilitar a los ciudadanos las condiciones de acceso a las mismas, y así cumplir una pieza básica para una política de vivienda orientada por el marco constitucional consagrado en el Artículo 47 de nuestra Constitución.