PROCEDIMIENTO ABREVIADO

El Procedimiento Abreviado es un proceso del Derecho Penal usado para la instrucción, enjuciamiento y fallo de las causas por delitos castigados con pena privitava de libertad hasta nueve años, o con penas de otra naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración (Art. 757 LECrim).

El Procedimiento Abreviado se instruye, con carácter general, en el Juzgado de Instrucción del partido judicial que corresponda, y falla el Juzgado de lo Penal, cuando la pena privativa de libertad no supere los cinco años, o pena de multa cualquiera que sea su cuantía, o cuales quiera otras de distinta naturaleza, siempre que la duración de éstas no exceda de los diéz años. Todo ello, sin perjuicio de la competencia del Juez de instrución en los términos previstos en el Art. 801 de la LECrim.

El Procidimiento Abreviado se compone de varias fases:

1.- Investigación Preliminar (Art. 773.2 LECrim)

2.- Fase de Instrución: Las denominadas DILIGENCIAS PREVIAS (Art. 774 – 779 LECrim)

El objetivo principal de las Diligencias Previas es determinar la naturaleza y circunstancias del hecho que motiva el procedimiento, y las personas que en él han participado.

Esta fase del Procedimiento Abreviado se desarrolla ante el Juzgado de Instrucción del Partido Judicial donde han ocurrido los hechos que podrían ser constitutivos de un delito penal. El objetivo de esta Fase de Istrucción “Diligencias Previas” es recabar la mayor información posible que permita esclarecer y efectuar una acusación, determinamdo las circunstancias y naturaleza del supuesto hecho delictivo, sus participantes y el órgano que deberá encargarse de juzgarlo.

Una de las funciones principales en esta fase de intrucción (Diligencias Previas), es la de determinar la legitimación pasiva, que se lleva a cabo mediante la previa imputación judicial, para que no se vean mermadas las garantías procesales.

Esto responde a una triple exigencia del derecho de defensa en el Procedimiento Abreviado:

  1. Nadie puede ser acusado sin haber sido declarado investigado judicialmente con anterioridad.
  2. Nadie puede ser acusado sin haber sido oído por el Juez de Instrucción con anterioridad a la conclusión de las diligencias previas. Esto se refleja en la obligatoriedad de que no puede cerrarse una instrucción (salvo los casos de archivo o de sobreseimiento) sin el Juez haber puesto en conocimiento del investigado el hecho punible objeto de las diligencias previas, sus derechos y la designación de Abogado defensor. Además, el juez debe haberle permitido su exculpación en la “primera comparecencia”.
  3. No debe someterse al investigado al régimen de las declaraciones testificales cuando, de las diligencias practicadas, pueda fácilmente inferirse que contra él existe la sospecha de haber participado en la comisión de un hecho punible, ya que la imputación no ha de retrasarse más allá de lo estrictamente necesario.

El Juez de Instrucción llevará a cabo en esta fase, la práctica de pruebas determinadas cuando se crea razonablemente que no podrán practicarse en el juicio oral, o pudiera motivar su suspensión asegurando, en todo caso, la posibilidad de contradicción de las partes. Dicha diligencia deberá documentarse en soporte apto para la grabación y reproducción de imagen, sonido o por medio de acta aturorizada por el Secretario Judicial. A esto se le conoce como Prueba Anticipada (Art. 777 LECrim). La validez de esta prueba se condiciona por:

  1. Que exista una causa legítima que impida reproducir la declaración en el Juicio Oral.
  2. La necesaria intervención del Juez de Instrucción.
  3. Debe estar presente el abogado del imputado, a fin de que pueda practicar el interrogatorio.
  4. La introducción del contenido de la declaración sumarial a través de la lectura del acta en que se documenta, conforme a los establecido en el art. 730 LECrim

art. 779.1 LECrim: 1. Un vez practicadas las diligencias pertinentes, el Juez adoptará mediante auto alguna de las siguientes resoluciones:

1.ª Si estimare que el hecho no es constitutivo de infracción penal o que no aparece suficientemente justificada su perpetración, acordará el sobreseimiento que corresponda. Si, aun estimando que el hecho puede ser constitutivo de delito, no hubiere autor conocido, acordará el sobreseimiento provisional y ordenará el archivo.

El auto de sobreseimiento será comunicado a las víctimas del delito, en la dirección de correo electrónico y, en su defecto, dirección postal o domicilio que hubieran designado en la solicitud prevista en el artículo 5.1.m) de la Ley del Estatuto de la Víctima del delito.

En los casos de muerte o desaparición ocasionada por un delito, el auto de sobreseimiento será comunicado de igual forma, a las personas a las que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 109 bis, de cuya identidad y dirección de correo electrónico o postal se tuviera conocimiento. En estos supuestos el Juez o Tribunal, podrá acordar, motivadamente, prescindir de la comunicación a todos los familiares cuando ya se haya dirigido con éxito a varios de ellos o cuando hayan resultado infructuosas cuantas gestiones se hubieren practicado para su localización.

Excepcionalmente, en el caso de ciudadanos residentes fuera de la Unión Europea, si no se dispusiera de una dirección de correo electrónico o postal en la que realizar la comunicación, se remitirá a la oficina diplomática o consular española en el país de residencia para que la publique.

Transcurridos cinco días desde la comunicación, se entenderá que ha sido efectuada válidamente y desplegará todos sus efectos. Se exceptuarán de este régimen aquellos supuestos en los que la víctima acredite justa causa de la imposibilidad de acceso al contenido de la comunicación.

Las víctimas podrán recurrir el auto de sobreseimiento dentro del plazo de veinte días aunque no se hubieran mostrado como parte en la causa.

2.ª Si reputare falta el hecho que hubiere dado lugar a la formación de las diligencias, mandará remitir lo actuado al Juez competente, cuando no le corresponda su enjuiciamiento.

3.ª Si el hecho estuviese atribuido a la jurisdicción militar, se inhibirá a favor del órgano competente. Si todos los investigados fuesen menores de edad penal, se dará traslado de lo actuado al Fiscal de Menores para que inicie los trámites de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.

4.ª Si el hecho constituyera delito comprendido en el artículo 757, seguirá el procedimiento ordenado en el capítulo siguiente. Esta decisión, que contendrá la determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le imputan, no podrá adoptarse sin haber tomado declaración a aquélla en los términos previstos en el artículo 775.

5.ª Si, en cualquier momento anterior, el investigado asistido de su abogado hubiere reconocido los hechos a presencia judicial, y estos fueran constitutivos de delito castigado con pena incluida dentro de los límites previstos en el artículo 801, mandará convocar inmediatamente al Ministerio Fiscal y a las partes personadas a fin de que manifiesten si formulan escrito de acusación con la conformidad del acusado. En caso afirmativo, incoará diligencias urgentes y ordenará la continuación de las actuaciones por los trámites previstos en los artículos 800 y 801.


2. En los tres primeros supuestos, si no hubiere miembro del Ministerio Fiscal constituido en el Juzgado, ni hubieren interpuesto recurso las partes, se remitirán las diligencias al Fiscal de la Audiencia, el que, dentro de los tres días siguientes a su recepción, las devolverá al Juzgado con el escrito de interposición del recurso o con la fórmula de “visto”, procediéndose seguidamente en este caso a la ejecución de lo resuelto.

RECONOCONOCIMIENTO DE LOS HECHOS art. 779.5º

Ahora bien, si en cualquier momento anterior, el investigado asistido de su abogado hubiere reconocido los hechos a presencia judicial, y estos fueran constitutivos de delito castigado con pena incluida detro de los límites previstos en el art. 801 LECrim, mandará convocar inmediatamente al Ministerio Fiscal y a las partes personadas a fin de que manifiesten si formulan escrito de acusación con la conformidad del acusado. En caso afirmativo, incoará diligencias urgentes y ordenará la continuación de l

as actuaciones en los artículos 800 y 801 LECrim.

3.- Fase Intermedia (Art. 780 – 780 LECrim): Su finalidad es resolver si procede abrir o no el Juicio Oral: Medios de prueba. Proposicón, Admisión o Denegación; Prueba anticipada; proposición en el del Juicio; Prueba Acordada “Ex Officio”.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal sólo contempla y regula como medios de prueba la declaración del acusado, la testifical, la pericial, la documental y la prueba de inspección ocular. Sin embargo, la diversidad de medios modernos de reproducción de imagen, palabra o sonido, tales como la fotografía, las cintas magnetofónicas, el vídeo, los soportes magnéticos, etc., han hecho que la doctrina se plantee si se trata de nuevos medios de prueba que puedan añadirse a los indicados en la ley.

El Tribunal Constitucional y el Tibunal Supremo han entendido que todos los medios deben introducirse en el proceso en la fase de instrucción, pudiendo las partes examinar su contenido, considerándolo como pieza de convicción, que sirve para atestiguar la realidad de un hecho.

  • Proposición, admisión o denegación

El procedimiento probatoria consta de tres fases: proposición, admisión y ejecución de la prueba.

La fase de proposición se centra en los escritos de calificación provisional (calificación legal de los mismos hechos, determinando el delito que constituyen), en los que las partes propondrán los medios de pruebba de que intenten valerse para el acto del juicio oral.

  • Prueba anticipada

Las Diligencias sumariales, esto es, las practicadas durante la fase de instrucción de un proceso penal, son actos de investigación encaminados a la averiguación del delito e indentificación del delicuente, que no constituyen en sí mismas pruebas de cargo, pues su finalidad específica no es la fijación definitiva de los hechos para que éstos transciedan a la resolución judicial, sono la de preparar el futuro juicio oral, proporcionando a tal efecto los elementos necesarios para la acusación y defensa y para la dirección del debate contradicctorio atribuido al juzgador.

Sin embargo existe una excepción a la regla general indicada, consituida por los actos de instrucción constituidos de prueba sumarial anticipada y preconstituida.

La LECim establece como suspuesto de pueba anticipada el previsto en el artículo 657 que permite a las partes al evacuar el támite de calificación provisional solicitar la práctica de aquellas diligencias de prueba que por cualquier causa fuere de temer que no se puedan practicar en el juicio oral o que pudieren motivar su suspensión.

Asimismo se prevé tambien esta posibilidad en el art. 448, que ordena la repetición de la declaración del testigo que manifieste no poder acudir al acto del juicio oral, para permitir la intervención de las partes. Por su parte, el artículo 467 permite la recusación del périto para el caso de que el renoconocimiento e ininforme pericial no puedira repetirse en el juicio oral. Igualmente el artículo 777.2, en sede de procedimiento abreviado nos aclara que, “cuando, por razón del lugar de residencia d un testigo o víctima, o por otro motivo, fuere de temer razonablemente que una prueba no podrá practicarse en el juicio oral, o puedira motivar su suspensión, el Juez de Instrucción practicará inmediatemente la misma, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes. Dicha diligencia deberá documentarse en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen o por medio de acta autorizada por el Letrado de la Adminoistración de Justicia, con expresión de los intervinientes. A efectos de su valoración como prueba en sentencia, la parte a quien interese deberá instar en el juicio oral la reproducción de la grabación o la lectura literal de la diligencia, en los términos del artículo 730″.

  • Proposición en el acto del juicio.

El artículo 729 LECrim establece una excepción a la regla de que las partes proponen la prueba de que intervienen valerse en los escritos de calificación, pues en el acto del juicio oral pueden proponer o incluso el Tribunal de oficio acordar las siguientes:

  1. Los careos de los testigos entre sí o con los procesados o entre éstos, que el Presidente acuerde de oficio, o a propuesta de cualquiera de las partes.
  2. Las diligencias de prueba no propuestas por ninguna de las partes, que el Tribunal considete necesarias para la comprobación de cualquiera de los hechos que hayan sido objetoo de los escritos de calificación.
  3. Las diligencias de prueba de cualquiera clases que en el acto ofrezcan las partes para acreditar alguna circunstancia que pueda influir en el valor probatorio de la declaración de un testigo, si el Tribunal las considera admisibles.

4.- Fase Juicio Oral (Art. 785 – 789 LECrim)

Se entra en esta fase mediante auto de apertura de jucio oral y, materialmente, con la formulación de los escritos de calificación provisional, pues sin acusación no puede existir juicio. Por tanto, el juicio oral se inicia con los escritos de acusación y defensa y finaliza mediante sentencia, sin que el Tribunal, a partir del trámite de calificación, pueda utlizar la fórmula del sobreseimiento para poner fin a la causa.

  • Preparación: En sentido extenso y partiendo de la consideración de que la fase de juicio oral comienza con el auto de apertura oral, como preparación delo acto del juicio oral propiamente dicho se encuentran varios trámites distintos:
  1. Calificación de la acusación: Una vez dictado el auto de apertura oral, el Letrado de la Administración de Justicia debe conferir a las partes acusadoras un plazo de cinco días, a contar desde el de la entrega del sumario, para que redacten y presenten sus respectivos escritos de calificación provisional.
  2. Planteamineto de arts. de previo ponunciamiento: Dentro de esos cinco días, en los tres primeros, pueden plantear los artículos de previo pronunciamient establecidos en el artículo 666 de LECrim. En este caso, se suspenderá el trámite de calificación hasta que el Tribunal resuelva el incidente previo. Si son desestimadas las cuestiones, se concederá un nuevo plazo de tres días a las partes para la formalización de los escritos de calificación.
  3. Calificación de la defensa: Una ver formalizado el escrito de calificación provisional por las partes acusadoras, se da traslado del mismo y del sumario a la defensa, para que en el plazo de cinco días pueda presentar su escrito de calificación provisional. La defensa puede manifestar su conformidad cn la pretensión penal, en cuyo supuesto se dará por terminado el juicio, dictando sentencia el Tribunal, previa ratificación de procesado, según la calificación mutuamente aceptada y sin que pueda imponer pena mayor de la solicitada, salvo que el Tribunal considere improcedente la calificación, en cuyo caso ordenará la continuación del juicio.
  4. Señalamiento día/hora para la celebración del Juicio Oral: A la vista de este auto el Letrado de Administración de Justicia señalará el día en que deben comenzar las sesiones de juicio oral y se mandará expedir exhortos necesarios para la citación de peritos y testigos designados, a quienes se les hará saber la obligación que tienen de concurrir en el día para el que han sido citados.
  • Comienzo del juicio oral.

Dispone el art. 688 LECrim que en el día señalado para dar principio a las sesiones, se colocarán en el local del Tribunal las piezas de convicción que se hubieren recogido, y el Presidente, en el momento oportuno, declarará abierta la sesión.

Los siguientes artículos de LECrim se ocupan de regular un intento de evitar la celebración del juicio, mediante la prestación de la conformidad por parte del acusado.

Establece a tal fin la LECrim (Art. 688) que el Presidente preguntará al acusado si se confiesa reo del delito que se le ha investigado en el escrito de calificación más grave, así como si se considere responsable civilmente de las restitución de la cosa o del pago de la cantidad fijada en dicho escrito por razón de los daños y perjuicios. Contestando el acusado afirmativamente, el Presidente preguntará al defensor si considera necesaria la continuación de juicio oral. De ser negativa la respuesta, el Tribunal procederá a dictar sentencia, según la calificación aceptada, sin que pueda imponer pena mayor de la solicitada.

Si el acusado no se confiesa culpable del delito o su abogado defensor considera necesaria la continuación del juicio, se procederá a su celebración con arreglo al siguiente orden de altos:

  1. Cuabdo el juicio deba continuar por falta de conformidad de los acusados, se dará cuenta del hecho que haya motivado la formación del sumario y del día en que éste se comenzó a instruir, expresando además si el procesado está en prisión o en libertad provisional, con sin fianza.
  2. Se dará lectura a los escritos de calificación y a las listas de peritos y testigos que se hubiesen presentado oportunamente, haciendo relación de las pruebas propuestas y admitidas.
  3. Acto continuo se pasará a la práctica de las diligencias de prueba y al examen de los testigos, empezando por la que hubiere ofrecido al Ministerio fiscal, continuando con la propuesta de los demás actores, y, por último, con la de los procesados.
  4. Las pruebas de cada parte se practicará según el orden con que hayan sido propuestas en el escrito corresponidente. Los testigos serán examinados también por el orden con que figuren sus nombres en las listas. El Presidente, sin embargo, podrá alterar este orden a instancia de parte, y aún de oficio, cuando así lo considere conveniente para el mayor esclaracemiento de los hechos o para el más seguro descubimiento de la vedad.
  5. Práctica de los distintos medios de prueba:
    1. Declaración del acusado: La declaración o interrogatorio judicial del acusado no está expresamente contemplado por la LECrim, pùes los artículos 688 al 700 tan sólo regulan la conformidad en el juicio oral.
    2. La prueba testifical: Mendiante la prueba testifical han de presentar declaración, no sólo los testigos o terceros conocedores de la comisión de la intracción penal, si no también el “ofendido” y “perjudicado” cuya normativa, al igual que la del acusado, está carente de regulación legal. La ejecución de este medio de prueba es similar al interrogatorio del acusado: primero declaran los testigos propuestos por las partes acusadoras y después los de la defensa, pudiendo el Presidente formularles preguntas para el esclaracimiento de los hechos.
    3. Prueba pericial: Los peritos son, al igual que los testigos, terceros que son los llamados por el Tribunal para que presenten su colaboración, pero difieren de ellos en que no declaran sobre los hechos anteriores y extremos al juicio, sino que prestan sus conociemitnos especializados. El informe pericial implica, pues, un juicio lógico en el que, partiendo de unas determinadas premisas y aplicando conocimientos especiales, se puedan extraer determinadas conclusiones.
    4. Pruba documental: Se entiende por documento toda representación de una idea o concepto, realizada mediante la escritura o cualquier medio de reproducción mecánica. Al igual que con los demás medios de prueba, han de incorporarse junto con los escritos de calificación.
    5. Inspección ocular por inspección ocular cabe entender el reconocimiento sensorial muy directo del órgano jurisdiccional de los lugares u objetos vinculados al hechop punible. Presupuesto de este medio es que preexistan determinados vestigios de instrumentos materiales de su perpetración, huellas o vestigios que normalmente no permanecerán hasta el momento del juicio oral. Por esta razón el art. 326 obliga al Juez de Instrucción a disponer la inspección ocular y, por lo mismo, la práctica de este medio de prueba en el juicio oral condicionada a que previamente no se haya practicado en la instrucción.
  6. Conclusiones: Una vez practicada la totalidad de la prueba, dispone el art. 732 que, a la vista de su resultado, las partes “podrán modificar las conclusiones de los escritos de calificación”.
  7. Informes y última palabra: Una vez finalizadas las calificaciones o conclusión definitiva y utilizada por el Tribunal, en su caso, la facultad contenida en el art. 733, el siguiente acto procesal lo constituyen los informes, que se admiten oralmente. Son los últimos actos de alegación de los que disponen las partes, en los que, más que introducir los hechos o de deducir la pretensión, de lo que se trata es de fundamentar las respectivas prestensiones con el resultado de la prueba y todo ello con el objeto de obtener la convicción del Tribunal. EL juicio oral finaliza con el trrámite de la “última palabra” al que se refiere el artículo 739, y que concede al procesado; tras el mismo, el Presidente “declara concluso el juicio para sentencia”, finalizando el juicio oral.

5.- Sentencia (Art. 789 LECrim)

El artículo 789 LECrim establece que el Juez competente dictará sentencia en el transcurso de cinco días desde la finalización del juicio oral. Podrá hacerlo de forma oral en el propio acto, documentándolo en el acta con expresión en el fallo. Esta Sentencia no podrá imponer pena más grave de la solicitada por las acusaciones, ni condenar por delito distinto cuando éste conlleve una diversidad de bien jurídico protegido. En este sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional que dice “se encuentra la de que nadie puede ser condenado por cosa distinta de loa que se le ha acusado y de la que, por lo tanto, haya podido defenderse, habiendo precisado a este respecto que por “cosa” no puede entenderse únicamente un concreto devenir de acontecimientos, un factum, sino también la perspectiva jurídica que delimita de un cierto modo ese devenir y seleciona algunos de sus rasgos, pues el debate contradictorio recae no sólo sobre los hechos, sino también sobre su calificación jurídica” (SSTC 12/1981, de 10 de abril, 95/1995, de 19 de junio, 225/1997, de 15 de diciembre, 4/2002, de 14 de enero, F. 3; 228/2002, de 9 de diciembre, F. 5; 35/2004, de 8 de marzo, F. 2; y 120/2005, de 10 de mayo, F. 5). De manera que “nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse en forma contradictoria, estando, por ello, obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse dentro de los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y la defensa, lo cual, a su vez, significa que en última instancia ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de la Sentencia” (SSTC 11/1992, de 27 de enero, F. 3; 36/1996, de 11 de marzo).