Real Decreto 398/2021: Nuevo Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos

Publicado por NOTICIAS JURÍDICAS noticias.juridicas.com | “Real Decreto 389/2021: Nuevo Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos” | 02/06/2021 – 13:04:15

El nuevo modelo de protección de datos de carácter personal tiene una incidencia notable en la organización y funciones tradicionales de la Agencia Española de Protección de Datos, puesto que el Reglamento general de protección de datos refuerza las competencias de las autoridades de control que deberán contar con todos las funciones y poderes efectivos.

El Real Decreto 389/2021, de 1 de junio, aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, con el fin de adaptar su organización y funciones al nuevo modelo de protección de datos de carácter personal.

En el momento actual, el régimen jurídico aplicable a la protección de datos viene establecido directamente por el Derecho de la Unión Europea tras la plena aplicación, desde el 25 de mayo de 2018, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Dicho Reglamento general de protección de datos refuerza las competencias de las autoridades de control que deberán contar con todas las funciones y poderes efectivos, incluidos los poderes de investigación, poderes correctivos y sancionadores, y poderes de autorizción y consultivo, para lo cual inviste a las autoridades de protección de datos de una total indepencia.

Por todo ello, es necesaria la aprobación de un nuevo Estatuto que adapte la organización y funcionamiento de la Agencia Española de Protección de Datos a lo previsto en el citado Reglamento (UE) 2016/679, supimiéndose los siguiente órganos: el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, el Registro General de Datos y la Inspección de Datos.

NATURALEZA, RÉGIMEN JURÍDICO Y FUNCIONES DE LA AGENCIA

La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, de las previstas en el artículo 109 de la Ley 40/215, de 1 de otubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con pernonalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. Tendrá su sede en Madrid y actúa con plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de cualquier interés empresarial o comercial.

La Agencia debe colaborar con el Consejo General del Poder Judicial en aras del adecuado ejercicio de las respectivas competencias que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, les atribuye en materia de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia.

Por otra parte, la persona titular de la Presidencia podrá dictar disposiciones que fijen los criterios a que responderá la actuación de esta autoridad, regulando el texto el procedimiento de elaboración de estas Circulares de la Agencia Española de Protección de Datos. Asimismo, la Agencia redactará una Memoria anual sobre la aplicación de la normativa de protección de datos.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA AGENCIA

La norma contiene la regulación de cada uno de los órganos integrantes de la Agencia Española de Protección de Datos.

Su estructura orgánica se articula a la Presidencia, de la que dependen la Adjuntía a la Presidencia, la Subdirección general de Inspección de datos, la Subdirección General de Promoción y Autorizaciones, la Secretaría General, la División de Relaciones Internacionales y la División de Innovación Tecnológica.

Se rgulan los procedimientos de designación de la Presidencia y de la Adjuntía a la Presidencia y las competencias y funcionamientos de los referidos órganos.

Y se incluye el régimen del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos, órgano colegiado de asesoramiento de la Presidencia de la Agencia. Emitirá informe en todas las cuestiones que le someta la Presidencia de la Agencia de Protección de Datos y podrá formular propuestas en temas relacionados con las materias de competencia de esta.

PERSONAL AL SERVICIO DE LA AGENCIA

El personal al servicio de la Agencia Española de Protección de Datos será funcionario o laboral. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la vanguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas, corresponden exclusivamente al personal del funcionariado público.

La Agencia elaborará y aprobará su relación de puestos de trabajo, diferenciando los puestos a desempeñar por personal funcionariado y por personal laboral, fijo o temporal.

El personal de la Agencia Española de Protección de Datos estará sujeto a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Las retribuciones del personal funcionariado y laboral de la Agencia se ajustrarán de acuerdo con lo dispuesto en la materia en las leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Además, la norma instaura un sistema de evaluación que sirva de instrumento objetivo para la valoración del desempeño del puesto de trabajo, a efectos retributivos y de carrera profesional del personal al servicio de la entidad.

Por último, establece que el personal al servicio de la Agencia Española de Protección de Datos deberá guardar secreto, incluso después de cesar en sus funciones, sobre los datos personales que conozcan en el desempeño de sus tareas y de cuantas informaciones de naturaleza confidencial hubiera conocido en el ejercicio de aquellas.

RÉGIMEN ECONÓMICO, PATRIMONIAL Y DE CONTRATACIÓN

El estatuto detalla los recursos económicos de que dispone la Agencia Española de Protección de Datos, a la que corresponde la gestión y recaudación de las tasas, precios públicos y cualesquiera otros recursos públicos cuyo gestión tenga atribuida.

Asimismo, la Agencia Española de Protección de Datos tendrá, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio e independiente del de la Administración General del Estado, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sea titular.

Por lo que respecta a la contratación, el texto señala que la misma queda sujeta a la Ley 9/2017, de 8 de nopviembre, así como a su normativa de desarrollo. A estos efectos, aplicará el régimen previsto en las citadas normas para las Administraciones Públicas.

RÉGIMEN PRESUPUESTARIO, DE CONTABILIDAD Y CONTROL ECONÓMICO FINANCIERO

La Agencia Española de Protección de Datos elaborará y aprobará anualmente su presupuesto, con la estructura que establezca el Ministerio de Hacienda y lo remitirá al Gobierno para que sea integrado, con independencia, en los Presupuestos Generales del Estado. La norma regula el contenido del mismo, su ejecución y modificación.

Respecto a las disposiciones aplicables a la contabilidad de la Agencia, dispone que la persona titular de la Presidencia formulará las cuentas anuales en un plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio económico. Una vez auditadas por la Itervención General de la Administración del Estado, serán aprobadas dentro del primer semestre del año siguiente al que se refieran.

Por su parte, el control extremo de la gestión económico-financiera de la Agencia corresponderá al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con su normativa específica, mientras el control interno de la gestión económico-financiera corresponderá a la Intervención General de la Administación del Estado, realizándose bajo las modalidades de control financiero permanente y de auditoría pública, en las condiciones y en los términos establñecidos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, a través de la Intervención Delegada en la Agencia.

Por último, la asistencia jurídica de la Agencia Española de Protección de Datos, consistente en el asesoramiento jurídico y en la representación y defensa en juicio, corresponde a la Abogacía  Geneal del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, mediante la formalización del oportuno convenio en los términos previstos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Juridica al Estado e Instituciones Públicas, y su normativa de desarrollo.

MODIFICACIONES LEGISLATIVAS

Deroga el Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos.

ENTRADA EN VIGOR Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS

El Real Decreto 389/2021, de 1 de julio, entra en vigor el 3 de junio de 2021, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Las unidades y puestos de trabajo con el nivel orgánico inferior a subdirección general continuarán subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios hasta que se aprueben las correspondientes relaciones o catálogos de puestos de trabajo de la Agencia Española de Protección de Datos adaptados a la estructura orgánica de la norma.

Asimismo, las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos, o cuya dependencia orgánica haya sido modificada por este real decreto, se adscribirán provisionalmente, mediante resolución de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos, hasta tanto entres en vigor las correspondientes relaciones o catálogos de puestos de trabajo, a los órganos regulados en este real decreto en función de las atribuciones que estos tengan asignadas.

El Tribunal Supremo establece que la responsabilidad civil derivada de condena penal firme no prescribe

Autor: NOTICIAS JURÍDIAS “El Tribunal Supremo establece que la responsabilidad civil derivada de condena penal firme no prescribe” |14/12/2020 11:27:38 | REDACCIÓN | CIVIL

Prensa Tribunal Supremo.El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha establecido que las indemnizaciones y el resto de responsabilidades civiles derivadas de una sentencia penal firme no prescriben. “Declarada la firmeza de la sentencia, la ejecución de sus pronunciamientos civiles puede continuar hasta la completa satisfacción del acreedor, según previene el artículo 570 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que le sea aplicable ni la prescripción ni la caducidad”, señala el tribunal.

La Sala establece este criterio al analizar el recurso de un hombre que había sido condenado en 2001 por un tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Barcelona a, entre otros pronunciamientos, pagar una indemnización de responsabilidad civil de 22.301.372 pesetas en concepto de daños y perjuicios derivados de un delito de incendio forestal.

Una vez transcurrido el plazo de 15 años sin que el condenado pagara la indemnización, la Audiencia Provincial de Barcelona declaró la prescripción de la responsabilidad civil. Ese auto de la Audiencia Provincial se recurrió ante la Sala Civil y Penal del TSJ de Cataluña que lo revocó al estimar la imprescriptibilidad de la acción civil.

El condenado recurrió en casación ante el Supremo que ahora confirma la tesis de que la responsabilidad civil derivada de una sentencia penal no prescribe.

En su sentencia la Sala explica que había venido siendo un criterio jurisprudencial no discutido que si una ejecutoria estaba paralizada durante 15 años, la acción para reclamar el cumplimiento de los pronunciamientos civiles de la sentencia prescribía, por aplicación de los artículos 1964 y 1971 del Código Civil y que así lo había recogido la propia doctrina del TS.

Sin embargo, el tribunal destaca que el marco legislativo ha cambiado en los últimos años con dos modificaciones legislativas ( La Ley 1/ 2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento civil que introdujo un novedoso plazo de caducidad de 5 años en el proceso de ejecución y la Ley 42/ 2015 que acorta el plazo general de prescripción de 15 a 5 años) que obligan a replantear esta cuestión y a revisar la doctrina, a la luz de los nuevos preceptos y también de los principios del proceso penal y de los bienes jurídicos objeto de protección.

Ante la situación creada y las dificultades interpretativas, los juzgados y tribunales han dictado resoluciones contradictorias. Unos, manteniendo el plazo de prescripción de 15 años, otros reduciéndolo a 5 años y otros entendiendo que el derecho a reclamar el pronunciamiento civil declarado en la sentencia penal ni prescribe, ni caduca. La sentencia se decanta por esta última postura.

Lo exige la protección de la víctima

Así, la sentencia, ponencia del magistrado Eduardo Porres, argumenta que en las sentencias penales la protección de la víctima del delito determina una exigencia de tutela muy singular, lo que explica que se atribuya al órgano judicial el impulso y la iniciativa en la ejecución, incluso de sus pronunciamientos civiles. Esa necesidad de una tutela judicial reforzada, “ justifica que la interpretación de las normas del proceso de ejecución deba realizarse en el sentido más favorable a su plena efectividad.”

El tribunal explica que también por esa razón la ejecución de los pronunciamientos civiles no debe quedar constreñida por límites que no vengan expresamente determinados en la ley y esos límites han de ser interpretados de forma restrictiva. “ En esa dirección es doctrina constante – esgrime el tribunal- que tanto la caducidad como la prescripción no tienen su fundamento en razones de estricta justicia, sino en criterios de seguridad jurídica anclados en la presunción de abandono de un derecho por su titular, lo que obliga a una interpretación restrictiva”.

La Sala recuerda que en el proceso penal la ejecución de los pronunciamientos civiles se realiza de oficio y no a instancia de parte. Por tanto, no tiene razón de ser que se reconozca un plazo de caducidad para el ejercicio de la acción ejecutiva porque el derecho declarado en la sentencia no precisa de esa acción. Y por ello no es necesario que se presente demanda para hacer efectiva la sentencia.

Ante esta singular configuración del proceso de ejecución en la jurisdicción penal la Sala establece que no son aplicables los plazos de caducidad establecidos en los artículos 518 de la LEC y 1964 del Código Civil y concluye que , “ declarada la firmeza de la sentencia, la ejecución de sus pronunciamientos civiles puede continuar hasta la completa satisfacción del acreedor, según previene el artículo 570 de la LEC, sin que le sea aplicable ni la prescripción ni la caducidad”.

Voto particular del magistrado Martínez Arrieta

El magistrado Andrés Martínez Arrieta firma un voto particular en el que indica su disensión no con la decisión adoptada por la mayoría, sino con el argumento de la imprescriptibilidad de la acción.

Este magistrado entiende que las exigencias derivadas de la seguridad jurídica, que trata de proteger el instituto de la prescripción, “ impiden afirmar la imprescriptibilidad de la responsabilidad civil consecuente a una condena penal”. Eso, según argumenta el voto particular, “contradice las necesidades de seguridad jurídica con relevancia constitucional”

ABOGADOS DESPIDOS – RECLAMACIONES DE CANTIDADES

DESPIDOS - RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

Despacho de abogados especializados en derecho laboral

Garrido Abogados está formado por un gran equipo de abogados dedicados a la práctica laboral. Nuestro despacho está integrado por profesionales con la más alta cualificación y experiencia en derecho del trabajo, Seguridad Social, recursos humanos, pensiones, etc.

Es por eso que sabemos que cuando se produce un despido pueden surgir problemas que deben ser solucionados de manera rápida y eficiente, dado que los plazos para ejercer una reclamación son muy reducidos. Por ello, nuestros profesionales velaran por sus intereses, con el fin de que obtenga la máxima indemnización en el menor tiempo posible.

Abogados expertos en reclamaciones de cantidad por despidos

Le daremos cobertura ante asuntos de impagos salariales, indemnizaciones y reclamación de cantidades.  El impago puntual durante un periodo de 10 meses, junto con el impago ininterrumpido durante tres meses, otorga al trabajador el derecho a solicitar su despido, por suponer un incumplimiento grave de las obligaciones del empresario.

Garrido Abogados cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector, además de que somos especialistas en Derecho Laboral, disponiendo de un departamento específico para ello apoyado por grandes expertos en la materia. Puede confiar en nosotros, le acompañáramos y asesoraremos en todo el proceso.

DESAHUCIO EXPRESS

DESAHUCIO EXPRESS – IMPAGO DE RENTAS

RECLAMACIÓN DE RENTAS A INQUILINOS MOROSOS

Denominamos desahucio al acto y la consecuencia de expulsar a un arrendatario o a un inquilino a través de un procedimiento legal, con el fin de recuperar el inmueble entregado en arrendamiento por el arrendador. Un juicio de desahucio, por lo tanto, tiene la finalidad de impedir que un individuo siga haciendo uso del bien que alquila, alegando un incumplimiento del contrato, ya sea por falta de pago de la renta o de cantidades asimiladas a la misma, bien por finalización del plazo de duración del contrato de arrendamiento, o por cualquier otra causa de resolución que se establezca en la Ley o en las condiciones contractuales.

El procedimiento de desahucio viene determinado por las normas que rigen un Juicio Verbal.

El Juicio Verbal es un procedimiento pensado para dar solución, ante el Juez, a una serie de casos que, bien por el contenido sobre el que tratan, bien por la cantidad que se reclama, requieren un procedimiento civil ágil y sin demasiados formalismos.

Cómo funciona un procedimiento de desahucio y reclamación de rentas

1. Demanda de Desahucio y Reclamación de rentas

Para poder dar comienzo a un procedimiento de Desahucio, lo primero de todo es presentar al Juzgado una Demanda de Desahucio y reclamación de rentas donde irán detallados todos los aspectos y datos referentes a la vivienda ocupada y, por supuesto, a la/las personas que residan en ella.

En esta Demanda de Desahucio y reclamación de cantidades también irán detalladas las cantidades impagadas referentes tanto a las rentas como a los gastos que así determine el contrato de alquiler que corren a cuenta del arrendatario, como pueden ser gastos de luz, agua, gas, etc.

Una vez presentada la demanda el juzgado abre el procedimiento y fija una fecha para el juicio y otra para la entrada a la vivienda ocupada. Además, le ofrece tres días al inquilino para exponga si va a recurrir a un abogado y procurador de oficio, para evitar retrasos en el procedimiento, si decide designación del turno de oficio con posterioridad.

El siguiente paso es que el Juzgado notifica la Demanda al inquilino y le confiere el plazo de 10 días hábiles (sin contar fines de semana ni festivos) para que comunique al Juzgado si se opone a lo expuesto en la Demanda de Desahucio presentada.

Si el inquilino no se pronuncia a la notificación del Juzgado, este dará por finalizado el procedimiento y sé procederá al lanzamiento de la vivienda en la fecha que el Juzgado haya señalado.

2. Sentencia

En el caso de que el inquilino se opusiera a la Demanda de Desahucio, se celebrará el juicio, en la fecha señalada por el juzgado, y si la Sentencia, que dicte el Juzgado, desestima la oposición del inquilino, éste deberá abandonar la vivienda en la fecha que el Juzgado señaló para el lanzamiento cuando se le notificó la Demanda.

– La ley dice que la fecha de entrega de la posesión de la vivienda deber ser dentro de los 30 días siguientes al juicio.-

Documentación necesaria

  • Fotocopia escritura de adquisición del piso o inmueble alquilado.
  • Original del contrato de arrendamiento (y de sus prorrogas si constan por escrito).
  • Original del recibo de contribución (ibi) del piso o inmueble (basta recibo bancario).
  • Recibos originales de gastos atendidos por el arrendador y acreditación mediante original del pago por el arrendador.
  • Es conveniente otorgar ante notario poderes para pleitos a favor del procurador que va a intervenir en el procedimiento, ya que ello permite la admisión inmediata de la demanda sin necesidad de que el cliente acuda al juzgado con los retrasos que ello conlleva. (Merece la pena gastarse 35 o 40 euros y que la demanda vaya más rápido).
  • Es conveniente documento original donde conste el movimiento de saldos de la cuenta donde ingresa el inquilino la renta si se paga el alquiler por banco.
  • Si se ha enviado un burofax o una carta o se le ha entregado en mano alguna notificación al inquilino original que documente esa comunicación.

DIVORCIOS EXPRESS

DIVORCIO EXPRESS – DIVORCIO DE MUTUO ACUERDO
MEDIDAS DE HIJOS EXTRAMATRIMONIALES
DISOLUCIÓN PAREJAS DE HECHO

ABOGADOS DIVORCIO EN ALAQUÀS

El divorcio de mutuo acuerdo, o más coloquialmente hablando “Divorcio Express”, es aquel en el que los dos cónyuges están de acuerdo en la disolución del matrimonio (divorcio o separación). La demanda puede ser presentada por ambos cónyuges de común acuerdo o por uno de ellos con el consentimiento del otro. Es necesario acompañar a la demanda un convenio regulador, en el que los cónyuges deben alcanzar un acuerdo sobre la guarda y custodia de los hijos e hijas, el régimen de visitas y estancias vacacionales, la pensión alimenticia y la pensión compensatoria, si procede, la atribución del uso de la vivienda familiar, etc. El procedimiento judicial es rápido y sencillo.

Al igual que para el divorcio de mutuo de mutuo acuerdo, las medidas a tomar para regular la ruptura de una pareja no matrimonial, o pareja de hecho que tenga hijos menores en común, son prácticamente las mismas y los pasos a seguir también. Es por ello, por lo que, si no existe matrimonio pero hay hijos menores en común, está información también es para usted.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA (SI NO SE REPARTEN EN EL CONVENIO BIENES Y DEUDAS O NO SE LIQUIDA LA SOCIEDAD DE GANANCIALES)

  • Certificado literal de matrimonio: Lo expide el Registro Civil del municipio en el que se casó.
  • Certificado literal de nacimiento de cada uno de los hijos: Lo expide el Registro Civil donde conste inscrito el nacimiento. Es necesario también en caso de hijos mayores de edad.
  • Fotocopia libro de familia.
  • Es imprescindible aportar certificado empadronamiento del domicilio familiar: En ocasiones es posible sustituirlo por fotocopia del DNI.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA SI LOS CLIENTES QUIEREN REPARTIRSE LOS BIENES Y LAS DEUDAS O LLEVAR A CABO LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES

En el caso de que existieran bienes y deudas en común, y se desee alcanzar unos acuerdos económicos o llevar a cabo la liquidación de la sociedad de gananciales, además de la documentación arriba referencia, que es necesaria en cualquier caso, se requiere también:

  • Escritura original o fotocopia de compra vivienda/s en su caso. Debe constar datos inscripción registro propiedad
  • Último recibo/s hipoteca/s donde conste saldo pendiente
  • Documentación coche/s donde conste matricula y modelo
  • Identificación cuenta/s  corriente/s en el caso de que se reparta algún dinero o depósito.
  • Identificación acciones, fondos de inversión, etc… en el caso de que estos existan y sean objeto de liquidación.
  • Documentación acreditativa de otros activos o deudas relacionadas con tarjetas de crédito, préstamos personales, etc…
  • Relación de deudas pendientes (gastos de comunidad, deudas con familiares, etc…) siempre que deban incluirse en la liquidación.

PASOS A SEGUIR:

REDACCIÓN DEL CONVENIO REGULADOR DE DIVORCIO O DE MEDIDAS DE HIJOS

En primer lugar, para efectuar un divorcio de mutuo acuerdo, o adoptar las medidas necesarias si hay hijos en común, aunque no exista matrimonio, se ha de confeccionar un convenio regulador de divorcio, o un convenio de medidas de hijos extramatrimoniales.

El convenio regulador de divorcio, o el convenio de medidas de hijos extramatrimoniales es un documento que deberán firmar ambos cónyuges, de manera consensuada. El contenido de este Convenio Regulador será redactado por nuestros abogados expertos en derecho de familiar y en el mismo se establecerán las medidas que Uds. hayan acordado previamente, según su supuesto concreto, tales como:

  • Patria potestad.
  • La guarda y custodia de los hijos
  • Régimen de visitas y estancias vacacionales.
  • Pensión de alimentos a favor de los hijos, si procede.
  • Gastos extraordinarios de los menores.
  • Atribución del uso de la vivienda familiar y del ajuar.
  • Pensión compensatoria, en el caso de que se fije.
  • Atribución cargas del matrimonio.
  • Liquidación régimen económico matrimonial.

Es muy importante saber y tener en cuenta que todas las páginas de dicho Convenio Regulador deben estar firmadas por ambos cónyuges

PRESENTACIÓN DE DEMANDA DE DIVORCIO – DEMANDA DE MEDIDAS DE HIJOS EXTRAMATRIMONIALES.

Un tribunal estima que el fuerte olor a humedad es suficiente para que el inquilino resuelva el arrendamiento sin penalización posterior

NOTICIAS JURÍDICAS | 12/12/2019 11:32:29 | REDACCIÓN | ARRENDAMIENTOS

El fuerte olor producido por humedades, en principio ocultas, es causa suficiente para resolver unilateralmente un arrendamiento de vivienda recien firmado, sin que sea exigible indemnización o penalización alguna para el inquilino por ruptura sobrevenida del contrato.

Así lo ha establecido una reciente sentencia la Audiencia Provincial de Barcelona, emitida el 3 de septiembre de 2019, pero no conocida hasta ahora. En el asunto, un arrendatario reclama a su casero acabar con el contrato de arrendamiento, ya que el olor a humedad en el piso le resultaba insoportable para llevar una vida normal. La sentencia estima la pretensión del reclamante y revoca la sentencia del juzgado anterior, estableciendo que el inquilino está legitimado para resolver el contrato sin consecuencias económicas en estas circunstancias, ya que las humedades, ocultas por un falso techo, eran cada vez mayores y fueron imposible de apreciar cuando la agencia enseñó la vivienda.

El fallo del tribunal está disponible en este enlace.

Humedades en el falso techo

Según los hechos recogidos en la sentencia, la parte arrendataria alegaba que el olor a humedad, en principio pasajero, llegaba a ser tan insoportable que hacía imposible continuar habitando la vivienda. Es por ello que reclamaba tener derecho a resolver el contrato de arrendamiento, sin cumplir la oblgiación de pagar ninguna cantidad por resolución antes de la fecha pactada (el artículo 11 de la Ley de Arrendamientos Urbanos marca un plazo de seis meses para poder desistir de un arrendamiento sin consecuencias económicas, con independencia del pacto de duración de contrato firmado entre las partes).

Por su parte, la inquilina alegaba que en el momento de la firma el olor era evidente. En consecuencia, se estaba alquilando un objeto con unas característica ya conocidas, y que por tanto no cabía desistimiento del contrato al no poder considerarse los defectos bajo discusión como ocultos o imposibles de apreciar cuando se firmó el contrato.

Los hechos recogen que en el momento previo a la firma el olor era más que palpable. No obstante, la audiencia destaca el detalle de que la agencia inmobiliaria asegurase al arrendatario que el olor se iría con los días y que, en todo caso, tenía origen en que la vivienda había permanecido mucho tiempo cerrada. Nada se mencionaron sobre las humedades. Con el tiempo, para sorpresa del inquilino, el olor persistió y las manchas comenzaron a surgir con fuerza en el cuarto de baño, donde habían permanecido ocultas por el falso techo.

La demandante aporta fotografías en las que se constata cómo se filtra por el techo agua abundante. También se muestra un deterioro importante de las maderas del techo, e incluso se aporta parte médico en el que el arrendatario debió acudir un día al servicio de urgencias por tos irritativa (dificultad respiratoria), que atribuía al mal olor de la vivienda.

Doctrina de los vicios ocultos

En vista de los fuertes indicios aportados, la Audiencia Provincial estima la pretensión del recurrente y concluye que el estudiante tuvo que lidiar con el mal olor, que no se desvanecía, y le obligaba a tener las ventanas abiertas para airear la vivienda, con la consiguiente dificultad para estudiar o hacer otras actividades en el interior, dado el ruido proveniente de la calle. En estas condiciones, el fallo concluye que habitar una vivienda en dichas condiciones resultaba imposible, en contra de la previsión del contratante.

Se estima en consecuencia que el arrendatario tiene derecho a revocar el contrato. Todo ello sin hacer frente a ningún tipo de penalización.

El tribunal aplica de esta forma la doctrina de los vicios ocultos en materia de contratos: defectos de la cosa vendida (en este caso arrendada) que la hacen impropia para el uso a que se la destina, o disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella.

Así, en el caso, dado que filtración del agua no era visible por la existencia de un falso techo en el cuarto de baño en el momento previo al concreto, debe considerarse como un vicio oculto solo perceptible e identificable una vez que el inquilino se traslada a la vivienda.

Por tanto, la existencia de dicho defecto, desconocido, legitima para deshacer lo acordado de forma unilateral, dejando sin efecto cualquier tipo de cláusula penal o indemnizatoria por los inconvenientes causados al arrendador.

No puede alegarse por tanto que la casa olía de esta forma en el momento previo a la firma, ya que se achacó a un origen erróneo. Y en cuanto al desconocimiento del vicio por parte de la inmobiliaria, el tribunal sentencia que, aunque el defecto pudiera ser desconocido también por la arrendadora (por haber permanecido la vivienda deshabitada), la propiedad debe responder en todo caso por los daños derivados del mismo frente a la arrendataria.

El Reglamento (UE) 2019/1111 de 25 de junio de 2019

Nuevo reglamento europeo para conflictos familiares internacionales: entrada en vigor y puntos de interés

El pasado 2 de julio de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el nuevo Reglamento (UE) 2019/1111, de 25 de junio de 2019, sobre competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, así como sobre sustracción internacional de menores (texto del reglamento disponible aquí).

Con la nueva normativa, la Comisión renueva la última legislación en cuestión de conflictos familiares internacionales, en concreto el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003.

El nuevo texto comunitario se aplicará a partir del 22 de agosto de 2022. El texto incluye además normas aplicables a los casos de traslado o retención ilícitos de un menor que afecten a más de un Estado miembro, completando el Convenio de La Haya de 1980.

No será, sin embargo, de aplicación el Reglamento a la determinación y a la impugnación de la filiación; a las resoluciones sobre adopción y medidas que la preparan, ni a la anulación y revocación de la adopción; al nombre y apellidos del menor; a la emancipación; a las obligaciones de alimentos; a los fideicomisos y las sucesiones, ni a las medidas adoptadas a consecuencia de infracciones del Derecho penal cometidas por los menores.

Ámbito de aplicación de la norma

El Reglamento (UE) 2019/1111 de 25 de junio de 2019, se aplica a las materias civiles relativas al divorcio, la separación legal y la nulidad matrimonial. También a las relativas a la atribución, el ejercicio, la delegación, la restricción o la finalización de la responsabilidad parental. Estas últimas podrán incluir, en particular, el derecho de custodia y el derecho de visita; la tutela, la curatela y otras instituciones análogas; la designación y las funciones de toda persona u organismo encargado de ocuparse de la persona o de los bienes de un menor, de representarlo o de prestarle asistencia; el acogimiento de un menor en un establecimiento o un hogar de acogida, y las medidas de protección del menor ligadas a la administración, conservación o disposición de los bienes de un menor.

El texto incluye además normas aplicables a los casos de traslado o retención ilícitos de un menor que afecten a más de un Estado miembro, completando el Convenio de La Haya de 1980.

No será, sin embargo, de aplicación el Reglamento a la determinación y a la impugnación de la filiación; a las resoluciones sobre adopción y medidas que la preparan, ni a la anulación y revocación de la adopción; al nombre y apellidos del menor; a la emancipación; a las obligaciones de alimentos; a los fideicomisos y las sucesiones, ni a las medidas adoptadas a consecuencia de infracciones del Derecho penal cometidas por los menores.

Competencia en materia matrimonial y de responsabilidad parental

En primer lugar la norma atribuye la competencia general en asuntos relativos al divorcio, la separación legal y la nulidad matrimonial, a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio se encuentre la residencia habitual de los cónyuges; el último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí; la residencia habitual del demandado; en caso de demanda conjunta, la residencia habitual de uno de los cónyuges; la residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año inmediatamente antes de la presentación de la demanda, o la residencia habitual del demandante en caso de que haya residido allí al menos los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y de que sea nacional del Estado miembro en cuestión; o bien a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la nacionalidad de ambos cónyuges.

Asimismo, el órgano jurisdiccional del Estado miembro que hubiere dictado una resolución acordando una separación legal será competente para convertir dicha separación legal en divorcio, si la ley nacional lo prevé.

Por lo que respecta a la responsabilidad parental, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serán competentes respecto de un menor que resida habitualmente en dicho Estado miembro en el momento en que se acuda al órgano jurisdiccional, salvo lo dispuesto en el Reglamente en relación con los derechos de visita, en caso de traslado o retención ilícitos de un menor o los supuestos de elección del órgano jurisdiccional.

El texto también se refiere a los casos en que no pueda determinarse la residencia habitual del menor, siendo competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que esté presente, a la remisión de competencia a un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro y a la transferencia de competencia solicitada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no tenga competencia.

Sustracción internacional de menores

La norma incluye disposiciones que serán de aplicación y complementarán el Convenio de La Haya de 1980 cuando una persona, institución u organismo que invoque una violación del derecho de custodia solicite al órgano jurisdiccional de un Estado miembro que dicte una resolución por la cual se ordene la restitución de un menor de dieciséis años que haya sido trasladado o retenido de forma ilícita en un Estado miembro distinto del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos. Asimismo se ocupa de la recepción y tramitación de estas solicitudes, de las formas alternativas de resolución de litigios en cualquier fase del procedimiento y del derecho del menor a expresar su opinión en estos procesos de restitución.

Además regula el procedimiento de restitución de un menor y la ejecución de las resoluciones que ordenan su restitución, así como el procedimiento siguiente a la denegación de restitución del menor.

Reconocimiento y ejecución de resoluciones

El nuevo Reglamento establece que las resoluciones dictadas en un Estado miembro han de ser reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento especial alguno. Asimismo determina los documentos que deben presentarse para dicho reconocimiento: copia de la resolución que reúna las condiciones necesarias para establecer su autenticidad y el certificado apropiado, y prevé los supuestos de suspensión del procedimiento.

Por otra parte el texto aborda cuestiones tales como la ejecución de dichas resoluciones, la expedición de certificados y los motivos de denegación del reconocimiento de las resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, así como los de denegación de la ejecución de las resoluciones en materia de responsabilidad parental.

En este mismo contexto, la norma incorpora la normativa aplicable al reconocimiento y ejecución de determinadas resoluciones privilegiadas, tales como las que concedan derechos de visita y las dictadas con arreglo al artículo 29, apartado 6, en la medida en que impliquen la restitución del menor. Incluye la regulación del certificado para estas resoluciones, de la denegación de su reconocimiento y ejecución.

Asimismo el texto recoge una serie de disposiciones comunes aplicables al procedimiento de ejecución de resoluciones dictadas en otro Estado miembro, a la suspensión del mismo o a la denegación de la ejecución. Y regula el reconocimiento y ejecución de los documentos públicos y de los acuerdos que hayan sido formalizados o registrados en materia de divorcio, separación legal y responsabilidad parental.

Cooperación en materia de responsabilidad parental

Dispone el Reglamento que cada Estado miembro debe designar una o varias autoridades centrales encargadas de asistirlo en la aplicación de la nueva norma con respecto a las cuestiones de responsabilidad parental y precisará sus competencias territoriales o materiales. Dichas autoridades centrales proporcionarán información sobre la normativa, procedimientos y servicios nacionales disponibles en esta materia, adoptarán las medidas que consideren apropiadas para mejorar la aplicación del presente Reglamento y cooperarán y promoverán la cooperación entre las autoridades competentes de sus respectivos Estados miembros con el fin de cumplir sus objetivos.

La norma detalla las medidas que han de adoptar y se refiere a la cooperación en la recogida e intercambio de información pertinente en procedimientos en materia de responsabilidad parental.

Además un órgano jurisdiccional de un Estado miembro podrá pedir a los órganos jurisdiccionales o a las autoridades competentes de otro Estado miembro que le asistan en la aplicación de las resoluciones en materia de responsabilidad parental, en particular para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de visita.

El texto también contempla el procedimiento de acogimiento de un menor en otro Estado miembro.

La norma incluye una serie de disposiciones aplicables al tratamiento de todas las peticiones y solicitudes que contempla, relativas a la cooperación y comunicación entre órganos jurisdiccionales, a la obtención y transmisión de información, a las notificaciones o no divulgación de información, formalidades o lenguas.

Por último, el texto prevé la posibilidad de que la Comisión adopte actos delegados relativos a la modificación de los anexos I a IX con objeto de actualizarlos o introducir en ellos modificaciones técnicas.

Modificaciones legislativas

– Reglamento (CE) 2201/2003: queda derogado a partir del 1 de agosto de 2022, a reserva de lo dispuesto en el artículo 100, apartado 2, del nuevo Reglamento.

Entrada en vigor y disposiciones transitorias

El Reglamento (UE) 2019/1111, de 25 de junio de 2019, entrará en vigor el 22 de julio de 2019, a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, y se aplicará a partir del 1 de agosto de 2022, a excepción de los artículos 92, 93 y 103 -–modificación de los anexos, ejercicio de la delegación e información que debe comunicarse a la Comisión–, que serán de aplicación a partir del 22 de julio de 2019.

El Reglamento solo será aplicable a los procedimientos incoados, a los documentos públicos formalizados o registrados y a los acuerdos registrados el 1 de agosto de 2022 o después de esa fecha. Por otra parte, el Reglamento (CE) 2201/2003, que se deroga, seguirá aplicándose a las resoluciones dictadas en procedimientos ya incoados, a los documentos públicos formalizados o registrados y a los acuerdos que hayan adquirido fuerza ejecutiva en el Estado miembro en el que hayan sido celebrados antes del 1 de agosto de 2022 y que entren dentro del ámbito de aplicación de dicho Reglamento.

NOTICIAS JURÍDICAS  10/07/2019 08:44:22 | DERECHO DE FAMILIA 

DESAHUCIO POR IMPAGO DE RENTAS

Juicio verbal de reclamación de cantidad por impago de rentas y cantidades asimiladas; y Desahucio

Para entender en que consiste un procedimiento de Desahucio por impago de rentas, primero debemos saber en que se fundamenta un Juicio Verbal de reclamación de cantidad por impago de rentas, terminología judicial para describir el procedimiento de Desahucio por impago de rentas.

Debemos tener presente que por Juicio Verbal se deciden las demandas que versan sobre la reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades asimiladas. Simplificando, el impago de las cantidades pactadas en contrato de arrendamiento, y también en el plazo de expiración del mismo, pretendan que el propietario del inmueble recupere su posesión «DESAHUCIO» Art. 250.1.1 de la Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC).

Recurrimos al proceso de desahucio cuando el contrato de arrendamiento ha sido incumplido por el inquilino, ya bien sea por el impago de las rentas pactadas en el contrato de arrendamiento, por el impago de cantidades referidas y pactadas por contrato, o por la expiración del plazo de alquiler, pactado en el contrato de arrendamiento.

¿En que consiste el procedimiento de Desahucio?

Primero presentamos una Demanda de Desahucio solicitando la expulsión o lanzamiento del inquilino de la vivienda, principalmente, por incumplimiento del contrato, además de la condena al mismo por el pago de las cantidades adeudadas conforme lo expuesto en el contrato de alquiler.

No olvidemos que también podemos reclamar facturas pendientes de pago, como luz, agua, gas, etc.

¿Cómo funciona el procedimiento de desahucio?

Primero debemos tener en cuenta que el Desahucio como tal se procede a través de las normas y directrices que conlleva un Juicio Verbal, procedimiento civil rápido.

Una vez presentada la Demanda de Desahucio el Juzgado correspondiente abre un procedimiento y dicta una resolución sobre esa Demanda, donde anuncia la fecha para el juicio y la fecha para que el arrendador pueda entrar es su inmueble.

En esa misma resolución, el Juzgado le ofrece al inquilino tres días para que solicite un abogado y procurador de oficio para su defensa.

Cuando se presenta la Demanda en el Juzgado también notifica, dicha demanda, al inquilino y le informa que dispone de 10 días hábiles (no cuentan los fines de semana ni los días festivos) para oponerse a la demanda y presentar sus razones por lo que no cabe lanzamiento.

Si en esos 10 días el inquilino no responde a la demanda y no hace nada, el Juzgado dará por finalizado el procedimiento de Desahucio y se hará efectiva la entrega de la vivienda a su propietario, intentando siempre que se respete la fecha de posesión del inmueble.

En el caso de que el inquilino se oponga a la demanda y presente su escrito de oposición, el Juicio se celebra en la fecha señalada en la resolución.

Una vez celebrado el Juicio, el Juez dicta Sentencia, si en ella el Juzgado desestima la oposición del inquilino, este deberá abandonar la vivienda antes de la fecha que se haya señalado para el lanzamiento.

Después de todo el proceso, si el inquilino no paga, de forma voluntaria, las cantidades que adeuda al propietario de la vivienda por las rentas de alquiler y facturas reclamadas, será necesario poner una nueva demanda de ejecución forzosa.